De izquierda a derecha: José Luis Guerra Mayorga, abogado y Oficial de Protección a la Infancia en UNICEF Ecuador; Ángela León Cáceres, de Women 4 Global Fund; Fernando Cornejo, Director de Posgrados de la Universidad UTE; María de Lourdes Miranda, Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género de la UTE; Mayra Soria Escobar, Fiscal Provincial de Pichincha (e); y, Patricia Alvear Peña, Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Administrativas y Sociales.
En responsabilidad con el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Universidad UTE, a través de su Dirección de Posgrados y la Facultad de Derecho, Ciencias Administrativas y Sociales (FDCAS), desarrolló el conversatorio “Juzgamiento penal de adolescentes como adultos: una radiografía interdisciplinaria”, en alianza con UNICEF y Women 4 Global Fund.
El evento, realizado en modalidad híbrida, reunió a especialistas de Ecuador y Argentina, así como a adolescentes, para analizar críticamente las implicaciones de la Ley Orgánica de Integridad Pública, recientemente aprobada. Esta normativa propone endurecer las medidas socioeducativas privativas de libertad para adolescentes, duplicando su duración y permitiendo su cumplimiento en centros para adultos, lo que plantea desafíos constitucionales y contradicciones con estándares internacionales de derechos humanos.
Un espacio académico que interpela y propone
Durante la inauguración, Fernando Cornejo, Director de Posgrados de la Universidad UTE, destacó que: “La justicia no es solo un concepto legal, sino una experticia moderada por múltiples visiones y contextos. “La academia tiene un papel preponderante como mediadora y catalizadora de estas construcciones, es el espacio donde las ideas, datos y vivencias se encuentran, se cuestionan y se transforman dando lugar a nuevas comprensiones y posibilidades”.
La conducción del conversatorio estuvo a cargo de María de Lourdes Miranda, Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género de la UTE.
El panel interdisciplinario incluyó a:
- José Luis Guerra Mayorga, abogado y Oficial de Protección a la Infancia en UNICEF Ecuador.
- María Inés Pereyra, médica pediatra y parte de Pediatras contra el Hambre, desde Argentina.
- Mayra Soria Escobar, Fiscal Provincial de Pichincha (e).
- Fanny Valentina Moreno, adolescente activista y representante de la Comisión de Cuidado Colectivo de la organización Pasos & Huellas.
José Luis Guerra Mayorga reflexionó sobre el populismo punitivo y cuestionó el uso del endurecimiento penal como estrategia política. Desmitificó ideas sobre la responsabilidad penal adolescente y destacó que debe primar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Subrayó, además, la urgencia de fortalecer la prevención mediante salud, educación y acceso a servicios básicos.
María Inés Pereyra, médica pediatra e integrante de Pediatras contra el Hambre, explicó la transición en Argentina del enfoque tutelar al reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de derechos. Desde la neurociencia, fundamentó la necesidad de un sistema penal diferenciado y urgió reformar la Ley Penal Juvenil vigente desde la dictadura.
Mientras que, Mayra Soria contextualizó los marcos normativos nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de la ONU, subrayando la necesidad de una justicia especializada y restaurativa. También advirtió sobre los riesgos de las políticas securitistas, la militarización y su impacto en la niñez.
Desde la experiencia vivida, Fanny Moreno, llamó la atención sobre la urgencia de crear entornos seguros, de cuidado colectivo y educación digna: “Los niños no son adultos en miniatura”, recalcó.
En el cierre del conversatorio, se cuestionó si el endurecimiento de penas realmente reduce la criminalidad. Durante el espacio de preguntas, se debatió sobre el hacinamiento carcelario, las condiciones inhumanas en los centros de reclusión, las masacres, y la necesidad de medidas alternativas para adolescentes embarazadas, así como la responsabilidad del Estado frente a estos desafíos.
Patricia Alvear Peña, Decana de la FDCAS, agradeció la participación y subrayó la necesidad de actualizar saberes e innovar en el análisis jurídico sobre juzgamiento penal juvenil en Ecuador. Propuso incluir categorías como el neuroderecho para comprender mejor la realidad social y evitar decisiones punitivas simplistas. Concluyó con una pregunta clave: “¿Será eficiente esta ley para los fines que se propone?”.
Con este tipo de espacios, la UTE reafirma su rol como institución comprometida con los derechos humanos, la educación crítica y el impulso de políticas públicas basadas en evidencia, justicia y dignidad.
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