Difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, y así contribuir al mejoramiento de la administración de justicia, es uno de los objetivos principales del Acuerdo Marco de Cooperación, oficializado este miércoles 17 de marzo, entre la Universidad UTE y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH.
Este acuerdo constituye la oportunidad ideal para que nuestros estudiantes y docentes colaboren en programas específicos que impulsa la CIDH con miras a profundizar su conocimiento del Derecho, desarrollo de proyectos de investigación, publicaciones conjuntas y demás actividades que beneficien a la comunidad ecuatoriana y de América en general.
En el evento virtual, el rector de la UTE, Ricardo Hidalgo Ottolenghi, se refirió a la academia como aliada estratégica con la CIDH, “la Universidad UTE puede implementar un programa de asistencia jurídica gratuita a personas que no tienen los recursos suficientes para acceder al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, señaló.
Por su parte, el vicepresidente de la CIDH, Patricio Pazmiño, indicó que los derechos humanos por su trascendencia y transversalidad son un factor inmerso en todas las actividades de los pueblos y de los individuos. “Mentalidades críticas, constructivas, propositivas y creativas es lo que intentamos nosotros recibir de la comunidad académica”, mencionó.
De esta forma en la Universidad UTE fortalecemos competencias y conocimientos orientados a realidades de cada campo profesional y el trabajo conjunto entre la CIDH, sin duda alguna fortalecerá los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos por nuestros estudiantes en clases.
SOBRE LA CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959 y es una institución judicial autónoma del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que tiene como parte de sus funciones el difundir el resultado de su trabajo relacionado con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, así como establecer relaciones más estrechas con los diversos órganos judiciales de los Estados.
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