Estudiar en un ambiente seguro es un derecho. Garantizarlo requiere prevenir las diversas formas de la violencia y establecer respuestas adecuadas ante estas situaciones. Desde este enfoque, la Universidad UTE participó el conversatorio “Violencia sexual en las aulas y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes” que se realizó el 23 de agosto de 2026.

La actividad fue organizada por el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador.

María Fernanda Narváez, directora del Observatorio de Género de la UTE, participó en el encuentro junto con José Luis Guerra, jefe del Programa de Protección de la Infancia de UNICEF Ecuador; Ana Paola Cuvi, jefa de Despacho Jurisdiccional de la Corte Constitucional; y Carolina Baca, coordinadora Jurisdiccional de Selección y Revisión de Sentencias de Garantías Constitucionales de esta institución.

El conversatorio analizó, por una parte, la sentencia 3420-22-JP/26 emitida por la Corte Constitucional, la cual modificó el precedente previsto en la sentencia 376-20-JP/21 y estableció estándares de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes, al advertir que la utilización de la acción de protección para cuestionar procedimientos o sanciones disciplinarias por casos de violencia sexual en el ámbito educativo, sin considerar adecuadamente los derechos y necesidades de las víctimas, puede terminar debilitando su protección y contribuir a la persistencia de la violencia sexual como una problemática estructural en el sistema educativo.

Por otra, la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Dirección del Observatorio de Género señaló que la sentencia antes mencionada estableció parámetros que permiten identificar la violencia sexual en las aulas como una situación de violencia estructural, pues previo a la sentencia mencionada el Estado ecuatoriano no contaba con información sobre este tema, ni con políticas públicas, ni con rutas de atención, pese a las alertas de los organismos internacionales sobre las cifras de violencia sexual en el ámbito educativo.

Además, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática al señalar que dentro del sistema educativo existen relaciones estructuralmente asimétricas de poder, el cual se concreta en acciones como las calificaciones, la promoción, la disciplina y la permanencia escolar, que pueden convertirse en un instrumento para obtener conductas sexuales.

Asimismo, la Dirección del Observatorio de Género señaló que la existencia de estereotipos de género y culpabilización de las víctimas son mecanismos que sostienen la violencia y, por tanto, es fundamental cuestionar las narrativas que ponen el foco de la violencia sexual en el comportamiento de la víctima.

Las sentencias antes mencionadas establecen obligaciones para las y los actores del sistema educativo en cuanto a la erradicación de la violencia sexual en las aulas, cuyo punto de partida es el derecho a la educación en un entorno educativo seguro. Además, la aplicación de un deber reforzado de protección para prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia, la existencia de políticas de prevención, la vigilancia y el monitoreo de esta problemática, la capacidad de detección de la violencia sexual y la activación de las rutas de atención frente a ello.

La discusión permitió revisar estos desafíos desde una perspectiva jurídica, académica y de derechos. Para la Universidad UTE, estos espacios se relacionan con el trabajo del Observatorio de Género y su aporte al análisis de las acciones para la erradicación de las violencias en el ámbito educativo.

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