La Universidad UTE presentó en Cuenca el Marco Integrado para la Comprensión Multidimensional de la Minería Ilegal y Criminal (MIMIC), un modelo analítico que propone una nueva forma de comprender este fenómeno desde una perspectiva integral para fortalecer la respuesta institucional y aportar evidencia para el diseño de políticas públicas.

La herramienta constituye uno de los principales aportes de la Memoria Académica del Seminario Internacional “Minería Criminal y Gobernanza en la Región Andino-Amazónica”.

La publicación reúne análisis, propuestas y recomendaciones para fortalecer la respuesta de los sistemas de justicia frente a la minería ilegal y el crimen organizado transnacional. Además, sistematiza los principales resultados del seminario internacional desarrollado en Quito en abril de 2026.

La presentación se realizó en la Delegación Provincial del Azuay de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y reunió a representantes de instituciones públicas, operadores de justicia, academia y organismos internacionales. La iniciativa fue organizada por el Laboratorio Social y de Innovación Energético Minero (LSIEM) de la Universidad UTE, con apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La memoria se estructura en cuatro ejes: capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado; impactos ambientales y sociales de la minería ilegal; comunicación y periodismo; y gobernanza, trazabilidad y marcos jurídicos para la gestión pública. Cada uno reúne aportes de especialistas nacionales e internacionales para fortalecer el análisis y la toma de decisiones.

El Marco Integrado para la Comprensión Multidimensional de la Minería Ilegal y Criminal (MIMIC) organiza el análisis desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria. El modelo articula factores criminales, sociales, ambientales, institucionales y económicos para entender la complejidad de la minería ilegal y generar insumos que fortalezcan el análisis, la coordinación entre instituciones y el diseño de respuestas públicas.

Rebeca Illescas, directora del Laboratorio Social y de Innovación Energético Minero, destacó el aporte que la investigación puede ofrecer a las instituciones responsables de enfrentar este fenómeno.

“El combate contra la minería ilegal no empieza ni termina con los operativos en los sitios de extracción. También requiere investigación e información que permitan comprender cómo operan estas estructuras y aportar evidencia para la toma de decisiones. Desde la academia podemos contribuir con investigación, colaborar con las instituciones públicas y generar conocimiento que apoye la construcción de soluciones”, señaló.

Piedad Ulloa, delegada provincial del Azuay de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, dijo que este tipo de iniciativas fortalecen la cooperación interinstitucional y promueven respuestas coordinadas frente a estos desafíos.

Con esta publicación, la Universidad UTE fortalece su aporte a la investigación aplicada y a la generación de evidencia científica para el análisis de políticas públicas relacionadas con la gobernanza de los recursos naturales, la seguridad y la justicia. Además, pone a disposición de instituciones públicas, operadores de justicia e investigadores una herramienta que contribuye a comprender la minería criminal y a construir respuestas sustentadas en evidencia para la región andino-amazónica.