El día martes, 26 de julio 2023, el esposo de una de las profesoras de nuestra institución fue víctima de un acto delictivo que amenazó con su integridad física. Este hecho ocurrió en las cercanías de las instalaciones universitarias de nuestra sede en la ciudad de Santo Domingo. Las autoridades de la institución junto con la Policía Nacional realizaron de manera inmediata todos los procedimientos establecidos para el efecto, logrando la atención médica oportuna y su estabilización. No obstante, expresamos nuestra preocupación por la situación de inseguridad que vive la provincia, lo cual afecta directamente los derechos humanos de sus habitantes y particularmente de los miembros de nuestra comunidad universitaria.
Nuestra institución mantiene una estrecha relación de colaboración con la Policía Nacional y la Gobernación con el propósito de velar por la seguridad del colectivo universitario, y mantiene el compromiso de seguir realizando todas las acciones pertinentes para resguardar la seguridad y el bienestar de nuestra institución. Sin embargo, la obligación de garantizar la integridad de los habitantes de nuestra provincia le corresponde directamente al Estado, a través de las políticas públicas de seguridad del Gobierno Nacional y de la coordinación con las demás Funciones del Estado.
En los últimos años se ha observado un deterioro en materia social y de seguridad, llevándonos a un escenario distópico en el que las personas encontramos limitados nuestros derechos y libertades a causa de la falta de garantías de seguridad para realizar nuestras actividades cotidianas, exponiéndonos a la amenaza constante de nuestra integridad y de nuestra vida, así como, al despojo de nuestras propiedades.
Exhortamos al Gobierno Nacional y a las instituciones vinculadas al sector seguridad a cumplir con sus obligaciones de garantes de los derechos y a tomar las medidas y políticas adecuadas para garantizar una vida libre de violencia para los habitantes de nuestro país. A su vez, manifestamos que las políticas eminentemente securitistas no solucionan los problemas de violencia de una sociedad, si no se enmarcan en el estricto cumplimiento de los derechos humanos y van acompañadas de políticas e inversión social que impulsen el desarrollo sostenible y una cultura de paz.
Universidad UTE.
