El Observatorio de Género de la Universidad UTE participó en el evento Justicia en la Balanza, un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos actuales para la protección de los derechos humanos y la garantía de los derechos de las mujeres.

El encuentro fue organizado por el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), Libera, JUSFEM, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas. Reunió a especialistas provenientes de la academia y de organizaciones de la sociedad civil.

María Fernanda Narváez, directora del Observatorio de Género de la Universidad UTE, expuso su ponencia “Democracia sustantiva, sistema de protección de derechos humanos y dignidad reproductiva”.

Durante su exposición, la directora del Observatorio de Género planteó que la democracia no puede comprenderse únicamente a partir de la celebración de elecciones y la participación política. También requiere instituciones independientes y capaces de establecer límites al poder y garantizar efectivamente los derechos humanos.

Desde esta perspectiva, advirtió que el debilitamiento de los sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos puede tener consecuencias especialmente graves para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. La efectividad de estos derechos no depende únicamente de su reconocimiento en normas o sentencias, sino también de la existencia de instituciones capaces de hacerlos realidad.

La intervención abordó distintos precedentes nacionales e internacionales que permiten observar esta relación. Entre ellos constan Artavia Murillo vs. Costa Rica, K.L. vs. Perú, Camila vs. Perú, I.V. vs. Bolivia, Norma vs. Ecuador y Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, así como jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana sobre aborto por violación, consentimiento informado y violencia obstétrica.

A partir de estos casos, se destacó que la dignidad reproductiva implica reconocer a las personas como sujetos capaces de adoptar decisiones fundamentales sobre su cuerpo, sexualidad, reproducción y proyecto de vida, libres de violencia, coerción, discriminación y estereotipos.

En consecuencia, protegerla supone garantizar tanto la decisión de ser madre como la de no serlo, el acceso a información adecuada, el consentimiento libre e informado y una atención digna durante el embarazo y el parto.

La exposición también puso énfasis en el papel de la academia frente a posibles retrocesos en materia de derechos humanos. Las universidades, señaló, no solo tienen la responsabilidad de enseñar los estándares desarrollados por los sistemas nacionales e internacionales de protección. También deben investigar su implementación, producir evidencia y observar si las decisiones de las altas cortes y de los organismos internacionales transforman efectivamente las prácticas institucionales y judiciales.

En este contexto, se resaltó el aporte del Observatorio JUSFEM como una herramienta de datos abiertos que facilita el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos y a los estándares desarrollados por los sistemas nacionales e internacionales de protección. Democratizar el acceso a esta información contribuye no solo a la investigación científica, sino también a acercar los estándares de derechos humanos a estudiantes, organizaciones sociales, litigantes y operadores de justicia.

El conversatorio contó además con la participación de Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, y María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), quienes aportaron al debate desde sus respectivas experiencias en los ámbitos médico y de justicia. La moderación estuvo a cargo de Paulina Ponce, de la organización Libera.

La participación en este espacio permitió generar un diálogo entre academia y sociedad civil sobre un desafío central para las democracias contemporáneas: la distancia que puede existir entre el reconocimiento formal de los derechos y las posibilidades reales de ejercerlos.

Como reflexión central, la intervención planteó una pregunta que atravesó el debate: ¿podemos hablar de una democracia sustantiva cuando una persona puede decidir quién gobierna, pero no puede decidir libremente sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida?